Desde los años 90's se empezó a diseñar un conjunto de políticas que han derivado a lo que se llama "Aseguramiento de la Calidad", estas reformas ponen el énfasis en mecanismos de apoyo y rendición de cuentas desde las escuelas hacia el Estado.
La matriz operativa cuenta con distintos tipos de mecanismos que presionan por el logro de metas estandarizadas y entregan apoyo para obtener cambios en lo casos necesarios. Desde este punto de vista, se ve a los docentes, directivos e instituciones escolares como los responsables de sus acciones, logros, no logros y, por lo tanto, deben rendir cuenta de ello.
Actualmente en Chile existe un conjunto de instrumentos e instituciones que forman el sistema de "responsabilización por desempeño", el cual incluye lo siguiente: El SIMCE, el Sistema Nacional de Evaluación del desempeño, La Ley de Subvención Escolar Preferencial, (el cual incluye el Plan de Mejora Educativo (PME) y las asesorías de Asistencia Técnica Educativa (ATE).). El Ministerio de Educación (MINEDUC), la Ley General de Educación (LGE) y la Ley del “Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media.
A pesar de la importancia de todas estas políticas, en Chile hasta el momento solo existen incipientes estudios sobre sus efectos.
Sabiendo todo esto se realizó un estudio de casos situado en distintos contextos geográficos , sociales y educativos. Se seleccionaron un total de 7 casos en tres regiones de la zona norte, una de la zona sur y la Región Metropolitana. El estudio busca de este modo aportar e iluminar el entendimiento de fenómenos cualitativos que se producen en la mediación entre las políticas estudiadas, los contextos escolares, y los propios actores sociales.
¿Qué asegura el Sistema de Aseguramiento de la Calidad?
El estudio demuestra que estas políticas incentivan y tienden a asegurar mayores niveles de estructuración y control sobre la gestión escolar, y un trabajo pedagógico “orientado al logro”.Pero, a su vez, fomentan una racionalidad instrumental que prioriza el logro de metas y el cumplimiento de los procedimientos exigidos, lo cual deja en un segundo plano el análisis profesional autónomo y la toma de decisiones según criterios pedagógicos, contextuales y éticos. En consecuencia, las políticas en cuestión pueden incluso deteriorar los procesos de mejoramiento institucionales, al desincentivar o “no asegurar”, la pertinencia de la gestión escolar, la calidad de los procesos pedagógicos, la inclusión socio-educativa y el bienestar de los niños y de los equipos escolares. El estudio muestra que las políticas en cuestión no han logrado producir un modelo de apoyo efectivo que logre desarrollar capacidades internas y comunidades profesionales que generen procesos de mejoramiento a largo plazo.
Texto Falabella PDF
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